1. LA LLEGADA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA.
Pocos meses después de la caída de Primo de Rivera, en 1931, Alfonso XIII encomendó al almirante Aznar la tarea de formar gobierno para tratar de regresar a la legalidad constitucional. Éste convocó elecciones municipales y a Cortes Constituyentes. Las primeras en convocarse fueron las elecciones municipales, el 12 de abril de 1931, que fueron entendidas por gran parte de la población como un plebiscito a favor o en contra de una monarquía personificada en Alfonso XIII, a quien se le exigía que asumiera las oportunas responsabilidades por su permisividad y estrecha vinculación con el régimen primorriverista.
La interpretación de los resultados de estas elecciones ha sido objeto de intensos debates historiográficos. Si bien es cierto que el cómputo total de los votos emitidos fueron favorables a los partidos monárquicos (de hecho parte de la prensa de la época anunció en la edición del 13 de marzo el triunfo de las fuerzas pro-monárquicas), una lectura más detallada, distinguiendo entre distritos urbanos y distritos rurales, nos permite hacer importantes matizaciones y entender mejor la evolución de los acontecimientos. Las fuerzas republicanas obtuvieron la victoria en la mayoría de las grandes ciudades. En las zonas rurales, sometidas a un tradicional control caciquil, los concejales elegidos fueron mayoritariamente monárquicos. La República fue proclamándose en la mayoría de las ciudades españolas a lo largo del día 14 de abril. Ante esto Alfonso XIII renunció a su poder y marchó al exilio. Inmediatamente después se proclamó la República en las Cortes, el día 14 de abril de 1931.
La República fue recibida por la mayor parte de la población con gran entusiasmo, pues se presentaba como el marco ideal que permitiría proceder con las reformas políticas, económicas y sociales que necesitaba España para modernizarse y avanzar socialmente. Sin embargo fueron muchos los obstáculos que amenazaron desde el principio la estabilidad del nuevo sistema.
2. EL AMBIENTE INTERNACIONAL Y NACIONAL.
2.1. Las repercusiones de la crisis internacional.
Aunque el inicio de la República coincidió con la gran crisis económica mundial que se había iniciado con el crack de la Bolsa de Nueva york en 1929, la incidencia directa de esta crisis en la economía española fue leve, debido al relativo aislamiento de ésta con respecto a los mercados internacionales. Además, la depreciación que estaba conociendo la peseta hizo disminuir los precios de los productos españoles, aumentando de este modo la competitividad de estos en los mercados.
La crisis internacional no tuvo por lo tanto una incidencia directa sobre la economía española. Sin embargo debió contribuir en el aumento de la frustración de las aspiraciones reformistas del gobierno de izquierdas del primer bienio republicano. El hecho de que las principales potencias mundiales estuvieran repatriando capitales para hacer frente a las crisis nacionales dificultaría en gran medida la obtención de la financiación necesaria para emprender cualquier proyecto.
2.2. Los problemas internos
Las dificultades económicas a las que se enfrentó la República tenían también una raíz interna. Por un lado hay que destacar los problemas tradicionales: paro agrícola; escaso poder de atracción de las ciudades de la mano de obra excedente del campo debido a la débil industrialización del país; desigual reparto de la tierra; descapitalización industrial y agrícola; escasa competitividad internacional; déficit en la balanza comercial. Por otro lado se sumaron los problemas derivados de la escasa confianza de empresarios y propietarios agrícolas hacia el nuevo sistema republicano: algunas medidas adoptadas por la República, como el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral a ocho horas, aunque supusieron grandes logros sociales, provocaron un descenso en las inversiones empresariales.
La conflictividad social fue muy aguda, especialmente en aquellas zonas eminentemente latifundistas, como Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva.
3. LA CREACIÓN DEL GOBIERNO PROVISIONAL.
El Comité Revolucionario, surgido a raíz del Pacto de San Sebastián, tomó posesión del gobierno en Madrid en medio del entusiasmo popular. Inmediatamente después se formó un gobierno provisional de coalición integrado por republicanos, socialistas y nacionalistas. Fuera de esta coalición quedaba la derecha monárquica, el nacionalismo vasco y el obrerismo comunista y anarquista.
El gobierno provisional comenzó con las reformas demandadas por parte de la sociedad a través de decretos ministeriales y, siguiendo los acuerdos del Pacto de San Sebastián, convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931.
4. LA CONSTITUCIÓN DE 1931.
Las elecciones de 28 de junio dieron la victoria a la coalición republicano-socialista. Una Comisión Constitucional nombrada por las Cortes elaboró el proyecto de Constitución, de carácter democrático y progresista, que fue aprobado en diciembre de 1931. Sus principales características son:
Los temas que más contribuyeron a enconar los ánimos de los diputados, generando acalorados debates parlamentarios, fueron los relativos a la cuestión religiosa y a las regiones autónomas. La aprobación de los artículos referidos a la religión provocó una fuerte reacción eclesiástica y la dimisión de los sectores católicos, entre los que se encontraba el propio jefe del gobierno, Alcalá Zamora, quien tras su dimisión fue sustituido por Manuel Azaña, lo cual no fue óbice para que una vez aprobada la Constitución Alcalá Zamora fuera elegido Presidente de la República.
5. LAS FASES DE LA REPÚBLICA.
5.1. Primera Fase: El Bienio Reformista (1931-1933)
5.1.1. Las reformas
Durante este período Manuel Azaña presidió un gobierno formado mayoritariamente por republicanos de izquierdas y socialistas que impulsó el plan de reformas ya iniciado por el gobierno provisional.
Azaña pretendía constituir un ejército profesional defensor de la democracia. Para ello era necesario reducir la proporción de oficiales existente (era de uno por cada tres soldados). Se promulgó en este sentido la Ley de retiro de la oficialidad, que obligaba a jurar fidelidad a la República o, en caso contrario, a retirarse voluntariamente conservando el sueldo íntegro. Por otra parte se cerró la Academia militar de Zaragoza, cuyas enseñanzas se consideraban tradicionalistas y anticuadas, y se clausuraron los Consejos de Honor, el Consejo Supremo de Justicia Militar y se eliminó la prensa militar.
También se pretendía modernizar materialmente el ejército, aunque la disminución de su presupuesto impidió llevar a cabo tal propósito.
La ley de reforma militar fue recibida por un sector del ejército como una agresión a la tradición militar, por lo que provocó importantes tensiones, especialmente entre los africanistas.
La República trató de limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política española y para ello procedió con la secularización del estado, declarándose la no confesionalidad oficial, la libertad de cultos y suprimiendo el presupuesto de la Iglesia. Asimismo se legalizó el matrimonio civil y el divorcio y se secularizaron los cementerios.
Se decretó además la disolución de aquellas órdenes que tuvieran como cuarto voto la obediencia al Papa frente a cualquier otra autoridad, para, entre otras cosas, garantizar la obediencia de todos los españoles al Estado. De este modo la orden de los jesuitas, que tenía una gran influencia en la educación, quedó disuelta en España, quedando sus bienes nacionalizados. Además se prohibió la práctica de la enseñanza a las órdenes religiosas, quedando ésta controlada por el estado.
Todas estas medidas provocaron una polarización radical de la opinión pública. Del ámbito religioso surgieron importantes enemigos de la República. La mayor parte de la población de aquella época era católica, por lo que no le fue difícil a la jerarquía religiosa movilizar a importantes sectores en contra del gobierno. El gobierno por su parte decidió entonces expulsar de España a aquellos religiosos especialmente activos y molestos para los planes de modernización de España.
La agricultura jugaba un papel importantísimo en la economía española de la época, tanto por contribución a la renta nacional como por mano de obra que empleaba. De los 8.5 millones de habitantes que tenía España, unos 4 millones trabajaban en la agricultura, siendo jornaleros unos dos millones de ellos. En el caso de Andalucía, más del 50% de la propiedad pertenecía a los grandes latifundistas.
La ley más ambiciosa con la que se pretendía encarar y dar soluciones a los graves problemas del campo fue la de Reforma Agraria de 1932, cuyos objetivos fueron fundamentalmente expropiar los grandes latifundios y asentar a los campesinos sin tierras. Las tierras de la nobleza podían ser expropiadas, en parte, sin pagarse indemnización; las tierras mal cultivadas, arrendadas sistemáticamente o no regadas, pudiendo serlo, podían ser expropiadas, pero pangándose una indemnización.
Esta ley, que contribuyó a acentuar la tensión social, tuvo un alcance muy limitado, debido a la complejidad técnica de su aplicación, la falta de presupuesto, la lentitud burocrática y la resistencia de los propietarios.
La Ley de Reforma Agraria terminó alineando frente a la República tanto a los latifundistas, que contaban con gran fuerza económica y poder, como sectores importantes del campesinado, que frustrados ante la falta de resultados y defraudados con las posibilidades de cambio social ofrecidas por la República, se reorientaron hacia posiciones de carácter revolucionario.
La Constitución de 1931 había abierto la posibilidad de constituir un estado de regiones autónomas que satisficiese las aspiraciones nacionalistas de determinadas regiones.
En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià, presidente de Ezquerra Republicana de Catalunya, proclamó la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. El gobierno provisional de la República Española reconoció este gobierno autónomo, la Generalitat. Se encargó a una comisión la elaboración de un Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Nuria, que fue aprobado en referéndum con un 99% de votos afirmativos. A pesar de la oposición de algunos sectores en el parlamento, finalmente fue aprobado, aunque eso sí, con algunas modificaciones. Cataluña pasaba a tener gobierno y parlamento propio, pero carente de competencias en materia económica, social, educativa y cultural.
En el País Vasco el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y los carlistas aprobaron en 1931 el llamado Estatuto de Estella, al que se opuso el republicanismo de izquierda y los socialistas debido a su carácter confesional y poco democrático, incompatible con la legalidad democrática republicana. Se mantuvieron intensas negociaciones hasta que en octubre de 1936, iniciada ya la guerra, fue aprobado un estatuto vasco de carácter democrático, siendo elegido José Antonio Aguirre (PNV) Lehendakari.
En Galicia, con un movimiento nacionalista menos fuerte, el proceso estatutario fue más lento, no llegando a ser aprobado por las Cortes.
El socialista Largo Caballero fue el impulsor de una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales:
En materia educativa se potenció la universalización de una educación laica, liberal, mixta, obligatoria y gratuita. El objetivo principal fue la educación primaria. Se levantaron 10.000 nuevas escuelas y se contrataron 7.000 maestros. Asimismo se pusieron en marcha Misiones Pedagógicas, con el objeto de llevar la cultura a las zonas rurales, creando bibliotecas, cines, coros, teatros…
5.1.2. Los enemigos de las reformas y la conflictividad social
El amplio programa reformista puesto en marcha por el gobierno de izquierdas del primer bienio de la República amenazaba, si no dañaba directamente los intereses de amplios grupos sociales pertenecientes a la Iglesia, al ejército y a la patronal industrial y latifundista. Para defender el mantenimiento del orden social preexistente que las reformas pretendían alterar, estos sectores procedieron bien con la organización de la derecha monárquica, bien impulsando organizaciones de carácter autoritario.
El descontento también se extendió entre la clase obrera, no satisfecha con la lentitud y poco alcance de las reformas emprendidas y muy perjudicada como consecuencia del paro y de las duras condiciones de trabajo y vida en general.
Las reformas republicanas afectaron a los intereses de un amplio sector de la población perteneciente a la Iglesia, el ejército, la patronal y al latifundismo. Para enfrentarse a la República estos sectores procedieron, bien con la reorganización de la derecha monárquica, bien impulsando organizaciones de carácter autoritario. Asimismo la clase obrera, descontenta con la suavidad de las reformas emprendidas y afectada por el paro y las duras condiciones de trabajo y vida en general, protagonizaron una fuerte oleada de insurrecciones violentas.
5.1.2.1. LA REORGANIZACIÓN DE LAS DERECHAS
Las tendencias monárquicas fueron derivando hacia posiciones anti-democráticas. Destacan partidos como: Acción Española, una fuerza monárquica, católica y tradicional, con líderes como José María Pemán o Ramiro de Maeztu; Renovación Española, liderado por José Calvo Sotelo, partido alfonsino fundado en 1933 que defendía la necesidad de un golpe de estado; los carlistas por su parte se unieron en la Comunión Tradicionalista, que se asociaría con Renovación Española con el objeto de agrupar las fuerzas monárquicas.
En 1931 surgieron pequeños grupos de corte fascista, como las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), que más tarde se uniría a Falange Española, partido fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, que impulsó la formación de grupos paramilitares para enfrentarse con las fuerzas de izquierda.
En 1932 se creó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de carácter autoritario, dirigida por José María Gil Robles.
Del ámbito militar surgió en 1933 se fundó la UME (Unión Militar Española), de carácter derechista y anti-reformista, que tendría una gran importancia en el golpe de 1936.
En agosto de 1932 se hubo una intentona de Golpe de Estado en Sevilla protagonizada por el general Sanjurjo (la Sanjurjada) que terminó en fracaso.
5.1.2.2. OBRERISMO Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL
El cenetismo, con más de un millón de afiliados hacia 1936, se dividió a partir de 1931:
Por un lado estaban los moderados, llamados Treintistas, encabezados por personas como Ángel Pestaña o Juan Peiró, que prestaban un cierto apoyo a la República. Este sector defendía la revolución social, aunque consideraban necesario pasar por una fase preparatoria previa.
Por otro lado estaban los más radicales, organizados a través de la FAI y liderados por personas como Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y Francisco Ascaso. Durante el período republicano fomentaron las huelgas, la insurrección campesina y la creación de comunas libertarias.
La Federación de Trabajadores de la Tierra, sindicato del campo asociado a la UGT, con más de 450.000 afiliados, también se radicalizó.
Fueron constantes las revueltas, normalmente consistentes en la toma del ayuntamiento del pueblo, la quema del registro de la propiedad, las colectivizaciones y la declaración del comunismo libertario. Solían terminar con la llegada de las fuerzas del orden y la represión de la insurrección, que podía generar muertos (sucesos de Casas Viejas, Cádiz, donde fueron asesinadas doce personas).
Los socialistas cada vez se separaban más de la República y alentaban el levantamiento campesino (destaca en este sentido la revuelta campesina de Castilblanco en Extremadura). La coalición gubernamental republicano-socialista sufrió un fuerte desgaste, al tiempo que perdía la confianza de la sociedad ante las medidas empleadas para controlar el orden público. Azaña dimitió, disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de1933.
5.2. Segunda Fase: El bienio conservador (1933-1936)
Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a los partidos de centro-derecha. El nuevo ejecutivo procedió con el desmantelamiento de la obra reformista del anterior gobierno. Las principales fuerzas políticas fueron el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA de Gil Robles.
5.2.1. La paralización de las reformas
El nuevo gobierno dirigido por Lerroux procedió con la paralización de las reformas. En el campo se fijó la devolución de tierras a la nobleza y se dio total libertad de contratación, lo que provocó la caída de los jornales. El campesinado, respondió con la huelga.
La reforma religiosa también fue frenada. Se estableció un presupuesto para el culto y el clero y se intentó firmar un Concordato con la Santa Sede.
Se concedió la amnistía a los sublevados en el golpe de Sanjurjo y a los colaboradores de la dictadura de Primo. La reforma militar sin embargo siguió adelante, al igual que la reforma de la educación, aunque eso sí, conociendo un recorte en el presupuesto disponible.
Ante este giro hacia el conservadurismo, la CNT y la UGT respondieron radicalizando sus posturas. Francisco Largo Caballero, líder del sector socialista más radical, propuso la ruptura con la República y con las fuerzas burguesas e iniciar la revolución. Por su parte, Indalecio Prieto, representante del socialismo moderado, defendía la colaboración con los republicanos de izquierda para tratar de estabilizar la República y acometer las necesarias reformas.
5.2.2. La Revolución de octubre de 1934
Ante el aumento de los conflictos Lerroux accedió a las peticiones de la CEDA, entregando a este partido tres ministerios. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades del país impulsadas por la UGT. El gobierno respondió declarando el Estado de Guerra. En Asturias los mineros protagonizaron una revolución social, colaborando anarquistas, socialistas y comunistas. Éstos ocuparon gran número de cuarteles de la guardia civil y ayuntamientos, que pasaron a ser dirigidos por Comités revolucionarios. La revolución terminó siendo aplastada por las tropas de la Legión y los Regulares traídos desde Marruecos y dirigidas por los generales Godet y Franco. Se calcula que pudieron morir unos 1.000 mineros (fueron numerosas las ejecuciones sumarias) y unos 450 militares y guardias civiles. Los heridos suben de los 2.000 y los detenidos fueron más de 5.000. La revolución de Asturias de 1934 fue un preludio de la guerra que se iniciará dos años más tarde.
En Cataluña el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el 6 de octubre de 1934 la República Catalana dentro de la República Federal Española. Al mismo tiempo una alianza obrera, que no contaba con el apoyo de la CNT, la fuerza obrera más importante en Cataluña, inició la huelga general. El movimiento, que contaba con escaso apoyo social, tardó poco tiempo en fracasar. Se encargó de su represión el general Batet. Hubo más de 3.500 detenidos, entre ellos los miembros del gobierno de la Generalitat y el pleno del Ayuntamiento.
5.2.3. La crisis del segundo bienio (El Bienio Negro)
Con la revolución de octubre de 1934 el poder de la CEDA, partidaria de una política más dura, aumentó. Algunas de las medidas adoptadas fueron:
La CEDA presentó en julio de 1935 un anteproyecto para la reforma de la Constitución, con el que se pretendía restringir la formación de regiones autónomas, abolir el divorcio e impedir la socialización de la propiedad. El proyecto no llegó a votarse debido a la caída del gobierno. En octubre de 1935 el gobierno de entró en crisis. Los republicanos radicales de Lerroux sufrieron un fuerte desprestigio como consecuencia de varios escándalos políticos y de corrupción (malversación de fondos y el caso del Estraperlo) que provocaron el hundimiento de la coalición gubernamental radical-cedista. Gil Robles trató de ser nombrado presidente del gobierno para poder llevar a cabo su programa político. Sin embargo el presidente de la república Alcalá Zamora decidió negarse y convocar elecciones para febrero de 1936.
5.2.4. Las elecciones de 1936
En las elecciones de febrero de 1936 se enfrentaron dos bloques:
5.3. Tercera Fase: el triunfo del Frente Popular
5.3.1 El Frente Popular
Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular. Las nuevas Cortes salidas de las elecciones destituyeron a Alcalá Zamora como presidente de la República y nombraron en su lugar a Manuel Azaña (republicano de izquierda). Casares Quiroga (republicano galleguista) fue elegido presidente de un gobierno formado casi por exclusiva por republicanos, aunque con el apoyo parlamentario de los socialistas.
Se procedió con la concesión de la amnistía a unos 30.000 presos políticos y se forzó a los patrones a readmitir a los obreros despedidos como consecuencia de las huelgas de 1934. Asimismo se permitió el restablecimiento del gobierno de la Generalitat y se iniciaron las negociaciones para la aprobación de un Estatuto para el País Vasco y otro para Cataluña.
Las reformas iniciadas en 1931 fueron reemprendidas. Para evitar un posible golpe de Estado el gobierno decidió enviar a los generales que menos confianza ofrecían al régimen a lugares periféricos: Franco a Canarias; Mola a Navarra; Sanjurjo por su parte se encontraba exiliado en Portugal desde su fracasado golpe de estado de Sevilla de 1932.
Los propietarios agrícolas se opusieron a las reformas, muchos industriales decidieron cerrar sus fábricas y la Iglesia católica, temerosa de nuevos brotes anticlericales y de un nuevo recorte de sus derechos en España, se opuso a la República de manera generalizada.
Una parte de la izquierda (los anarquistas y los socialistas encabezados por Largo Caballero) eufórica por su triunfo electoral, empezó a propugnar la necesidad de iniciar la revolución. En la derecha, la Falange organizó grupos paramilitares que protagonizaron fuertes acciones violentas. Se creó así un clima de violencia generalizada con enfrentamientos constantes entre la izquierda y la derecha. Ante el aumento de la violencia una parte importante de la derecha adoptó una posición favorable a un golpe de Estado.
5.3.2. La preparación del golpe de Estado
El golpe de Estado venía gestándose desde hacía tiempo. De hecho, ya en abril de 1936 hubo un primer intento de golpe que fracasó debido a la falta de organización. El mando de la conspiración pasó al general Mola, llamado el Director, que comenzó a preparar minuciosamente el golpe. Para organizar la sublevación militar no tuvo demasiadas dificultades, ya que contaba con el apoyo de una parte importante del generalato; sin embargo sí encontró algunas dificultades a la hora de organizar el apoyo civil, ya que cada sector de la derecha aspiraba a un modelo de gobierno distinto después de ejecutado el golpe. El general Mola, director de la conspiración, pretendía crear una Dictadura Republicana de carácter militar, con el objeto de eliminar los gérmenes de la revolución para después regresar a la legalidad, aunque no tenía claro si se volvería a la República o la Monarquía. Las posturas de los distintos apoyos al golpe eran muy diversas: la CEDA defendía la restauración de la monarquía Alfonsina; fascistas y falangistas aspiraban a la construcción de un régimen semejante al de la Italia de Mussolini. Los carlistas también defendían una Monarquía Tradicional.
La jefatura suprema del golpe se reservó al general Sanjurjo, militar muy respetado dentro del estamento militar que se encontraba exiliado en Portugal como consecuencia de su frustrado golpe de 1932 en Sevilla. El plan consistía en conseguir que el máximo número cuarteles se pronunciaran simultáneamente por toda España, considerándose claves para el triunfo los de Madrid y Barcelona, así como el ejército africano, el mejor preparado de todos en la guerra, cuyo mando se reservaba al general Franco.
Las distintas fuerzas derechistas fueron creando una red de enlaces y apoyos militares y civiles que se extendía fuera de España, a Italia y Alemania.
El golpe se precipitó debido al encadenamiento de una serie de acontecimientos. El 12 de julio de 1936 el teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, de tendencias izquierdistas, fue asesinado. El 14 del mismo mes, y como represalia, algunos de sus compañeros secuestraron y asesinaron al líder del Bloque nacional, José Calvo Sotelo. El día 17 de julio las tropas de Marruecos se sublevaron. Al día siguiente hicieron lo mismo numerosos cuarteles españoles, sin embargo el alzamiento no logró imponerse en las dos ciudades más importantes, es decir, en Madrid y Barcelona, quedando España dividida en dos zonas de prácticamente el mismo tamaño. Esto desembocó en una guerra civil que duraría tres largos años.
Pocos meses después de la caída de Primo de Rivera, en 1931, Alfonso XIII encomendó al almirante Aznar la tarea de formar gobierno para tratar de regresar a la legalidad constitucional. Éste convocó elecciones municipales y a Cortes Constituyentes. Las primeras en convocarse fueron las elecciones municipales, el 12 de abril de 1931, que fueron entendidas por gran parte de la población como un plebiscito a favor o en contra de una monarquía personificada en Alfonso XIII, a quien se le exigía que asumiera las oportunas responsabilidades por su permisividad y estrecha vinculación con el régimen primorriverista.
La interpretación de los resultados de estas elecciones ha sido objeto de intensos debates historiográficos. Si bien es cierto que el cómputo total de los votos emitidos fueron favorables a los partidos monárquicos (de hecho parte de la prensa de la época anunció en la edición del 13 de marzo el triunfo de las fuerzas pro-monárquicas), una lectura más detallada, distinguiendo entre distritos urbanos y distritos rurales, nos permite hacer importantes matizaciones y entender mejor la evolución de los acontecimientos. Las fuerzas republicanas obtuvieron la victoria en la mayoría de las grandes ciudades. En las zonas rurales, sometidas a un tradicional control caciquil, los concejales elegidos fueron mayoritariamente monárquicos. La República fue proclamándose en la mayoría de las ciudades españolas a lo largo del día 14 de abril. Ante esto Alfonso XIII renunció a su poder y marchó al exilio. Inmediatamente después se proclamó la República en las Cortes, el día 14 de abril de 1931.
La República fue recibida por la mayor parte de la población con gran entusiasmo, pues se presentaba como el marco ideal que permitiría proceder con las reformas políticas, económicas y sociales que necesitaba España para modernizarse y avanzar socialmente. Sin embargo fueron muchos los obstáculos que amenazaron desde el principio la estabilidad del nuevo sistema.
2. EL AMBIENTE INTERNACIONAL Y NACIONAL.
2.1. Las repercusiones de la crisis internacional.
Aunque el inicio de la República coincidió con la gran crisis económica mundial que se había iniciado con el crack de la Bolsa de Nueva york en 1929, la incidencia directa de esta crisis en la economía española fue leve, debido al relativo aislamiento de ésta con respecto a los mercados internacionales. Además, la depreciación que estaba conociendo la peseta hizo disminuir los precios de los productos españoles, aumentando de este modo la competitividad de estos en los mercados.
La crisis internacional no tuvo por lo tanto una incidencia directa sobre la economía española. Sin embargo debió contribuir en el aumento de la frustración de las aspiraciones reformistas del gobierno de izquierdas del primer bienio republicano. El hecho de que las principales potencias mundiales estuvieran repatriando capitales para hacer frente a las crisis nacionales dificultaría en gran medida la obtención de la financiación necesaria para emprender cualquier proyecto.
2.2. Los problemas internos
Las dificultades económicas a las que se enfrentó la República tenían también una raíz interna. Por un lado hay que destacar los problemas tradicionales: paro agrícola; escaso poder de atracción de las ciudades de la mano de obra excedente del campo debido a la débil industrialización del país; desigual reparto de la tierra; descapitalización industrial y agrícola; escasa competitividad internacional; déficit en la balanza comercial. Por otro lado se sumaron los problemas derivados de la escasa confianza de empresarios y propietarios agrícolas hacia el nuevo sistema republicano: algunas medidas adoptadas por la República, como el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral a ocho horas, aunque supusieron grandes logros sociales, provocaron un descenso en las inversiones empresariales.
La conflictividad social fue muy aguda, especialmente en aquellas zonas eminentemente latifundistas, como Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva.
3. LA CREACIÓN DEL GOBIERNO PROVISIONAL.
El Comité Revolucionario, surgido a raíz del Pacto de San Sebastián, tomó posesión del gobierno en Madrid en medio del entusiasmo popular. Inmediatamente después se formó un gobierno provisional de coalición integrado por republicanos, socialistas y nacionalistas. Fuera de esta coalición quedaba la derecha monárquica, el nacionalismo vasco y el obrerismo comunista y anarquista.
El gobierno provisional comenzó con las reformas demandadas por parte de la sociedad a través de decretos ministeriales y, siguiendo los acuerdos del Pacto de San Sebastián, convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931.
4. LA CONSTITUCIÓN DE 1931.
Las elecciones de 28 de junio dieron la victoria a la coalición republicano-socialista. Una Comisión Constitucional nombrada por las Cortes elaboró el proyecto de Constitución, de carácter democrático y progresista, que fue aprobado en diciembre de 1931. Sus principales características son:
- La República se constituye en Estado integral, aunque compatible con la autonomía de los municipios y regiones.
- Se establece la separación de poderes: el legislativo recae en unas Cortes unicamerales; el ejecutivo, bajo el control parlamentario, queda en manos del Consejo de ministros y el presidente de la República; y el poder judicial en jueces independientes.
- Establece la posibilidad de expropiación y de nacionalización de los servicios públicos por motivo de utilidad social.
- Introduce una amplia declaración de derechos y libertades. Se reconoce tanto el matrimonio civil como el divorcio. El voto es para los adultos mayores de 23 años, y se reconoce el derecho a voto a las mujeres.
Art. 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
- En materia religiosa se declara la separación entre Iglesia y Estado (se elimina el presupuesto del clero, se declara la no confesionalidad del Estado y se disuelve cualquier orden que tenga como voto el respeto a una autoridad distinta a la del estado español: caso de los jesuitas).
- Se adopta una bandera nueva:
Art. 1. (…) La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.
Los temas que más contribuyeron a enconar los ánimos de los diputados, generando acalorados debates parlamentarios, fueron los relativos a la cuestión religiosa y a las regiones autónomas. La aprobación de los artículos referidos a la religión provocó una fuerte reacción eclesiástica y la dimisión de los sectores católicos, entre los que se encontraba el propio jefe del gobierno, Alcalá Zamora, quien tras su dimisión fue sustituido por Manuel Azaña, lo cual no fue óbice para que una vez aprobada la Constitución Alcalá Zamora fuera elegido Presidente de la República.
5. LAS FASES DE LA REPÚBLICA.
5.1. Primera Fase: El Bienio Reformista (1931-1933)
5.1.1. Las reformas
Durante este período Manuel Azaña presidió un gobierno formado mayoritariamente por republicanos de izquierdas y socialistas que impulsó el plan de reformas ya iniciado por el gobierno provisional.
La reforma del ejército
Azaña pretendía constituir un ejército profesional defensor de la democracia. Para ello era necesario reducir la proporción de oficiales existente (era de uno por cada tres soldados). Se promulgó en este sentido la Ley de retiro de la oficialidad, que obligaba a jurar fidelidad a la República o, en caso contrario, a retirarse voluntariamente conservando el sueldo íntegro. Por otra parte se cerró la Academia militar de Zaragoza, cuyas enseñanzas se consideraban tradicionalistas y anticuadas, y se clausuraron los Consejos de Honor, el Consejo Supremo de Justicia Militar y se eliminó la prensa militar.
También se pretendía modernizar materialmente el ejército, aunque la disminución de su presupuesto impidió llevar a cabo tal propósito.
La ley de reforma militar fue recibida por un sector del ejército como una agresión a la tradición militar, por lo que provocó importantes tensiones, especialmente entre los africanistas.
La reforma religiosa
La República trató de limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política española y para ello procedió con la secularización del estado, declarándose la no confesionalidad oficial, la libertad de cultos y suprimiendo el presupuesto de la Iglesia. Asimismo se legalizó el matrimonio civil y el divorcio y se secularizaron los cementerios.
Se decretó además la disolución de aquellas órdenes que tuvieran como cuarto voto la obediencia al Papa frente a cualquier otra autoridad, para, entre otras cosas, garantizar la obediencia de todos los españoles al Estado. De este modo la orden de los jesuitas, que tenía una gran influencia en la educación, quedó disuelta en España, quedando sus bienes nacionalizados. Además se prohibió la práctica de la enseñanza a las órdenes religiosas, quedando ésta controlada por el estado.
Todas estas medidas provocaron una polarización radical de la opinión pública. Del ámbito religioso surgieron importantes enemigos de la República. La mayor parte de la población de aquella época era católica, por lo que no le fue difícil a la jerarquía religiosa movilizar a importantes sectores en contra del gobierno. El gobierno por su parte decidió entonces expulsar de España a aquellos religiosos especialmente activos y molestos para los planes de modernización de España.
La reforma agraria
La agricultura jugaba un papel importantísimo en la economía española de la época, tanto por contribución a la renta nacional como por mano de obra que empleaba. De los 8.5 millones de habitantes que tenía España, unos 4 millones trabajaban en la agricultura, siendo jornaleros unos dos millones de ellos. En el caso de Andalucía, más del 50% de la propiedad pertenecía a los grandes latifundistas.
La ley más ambiciosa con la que se pretendía encarar y dar soluciones a los graves problemas del campo fue la de Reforma Agraria de 1932, cuyos objetivos fueron fundamentalmente expropiar los grandes latifundios y asentar a los campesinos sin tierras. Las tierras de la nobleza podían ser expropiadas, en parte, sin pagarse indemnización; las tierras mal cultivadas, arrendadas sistemáticamente o no regadas, pudiendo serlo, podían ser expropiadas, pero pangándose una indemnización.
Esta ley, que contribuyó a acentuar la tensión social, tuvo un alcance muy limitado, debido a la complejidad técnica de su aplicación, la falta de presupuesto, la lentitud burocrática y la resistencia de los propietarios.
La Ley de Reforma Agraria terminó alineando frente a la República tanto a los latifundistas, que contaban con gran fuerza económica y poder, como sectores importantes del campesinado, que frustrados ante la falta de resultados y defraudados con las posibilidades de cambio social ofrecidas por la República, se reorientaron hacia posiciones de carácter revolucionario.
La reforma del estado centralista: las autonomías
La Constitución de 1931 había abierto la posibilidad de constituir un estado de regiones autónomas que satisficiese las aspiraciones nacionalistas de determinadas regiones.
En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià, presidente de Ezquerra Republicana de Catalunya, proclamó la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. El gobierno provisional de la República Española reconoció este gobierno autónomo, la Generalitat. Se encargó a una comisión la elaboración de un Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Nuria, que fue aprobado en referéndum con un 99% de votos afirmativos. A pesar de la oposición de algunos sectores en el parlamento, finalmente fue aprobado, aunque eso sí, con algunas modificaciones. Cataluña pasaba a tener gobierno y parlamento propio, pero carente de competencias en materia económica, social, educativa y cultural.
En el País Vasco el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y los carlistas aprobaron en 1931 el llamado Estatuto de Estella, al que se opuso el republicanismo de izquierda y los socialistas debido a su carácter confesional y poco democrático, incompatible con la legalidad democrática republicana. Se mantuvieron intensas negociaciones hasta que en octubre de 1936, iniciada ya la guerra, fue aprobado un estatuto vasco de carácter democrático, siendo elegido José Antonio Aguirre (PNV) Lehendakari.
En Galicia, con un movimiento nacionalista menos fuerte, el proceso estatutario fue más lento, no llegando a ser aprobado por las Cortes.
Las reformas sociales
El socialista Largo Caballero fue el impulsor de una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales:
- Ley de contratos de trabajo y de jurados mixtos.
- Establecimiento de la jornada laboral de 40 horas.
- Aumento de los salarios.
- Se impulsan los seguros sociales.
La reforma educativa
En materia educativa se potenció la universalización de una educación laica, liberal, mixta, obligatoria y gratuita. El objetivo principal fue la educación primaria. Se levantaron 10.000 nuevas escuelas y se contrataron 7.000 maestros. Asimismo se pusieron en marcha Misiones Pedagógicas, con el objeto de llevar la cultura a las zonas rurales, creando bibliotecas, cines, coros, teatros…
5.1.2. Los enemigos de las reformas y la conflictividad social
El amplio programa reformista puesto en marcha por el gobierno de izquierdas del primer bienio de la República amenazaba, si no dañaba directamente los intereses de amplios grupos sociales pertenecientes a la Iglesia, al ejército y a la patronal industrial y latifundista. Para defender el mantenimiento del orden social preexistente que las reformas pretendían alterar, estos sectores procedieron bien con la organización de la derecha monárquica, bien impulsando organizaciones de carácter autoritario.
El descontento también se extendió entre la clase obrera, no satisfecha con la lentitud y poco alcance de las reformas emprendidas y muy perjudicada como consecuencia del paro y de las duras condiciones de trabajo y vida en general.
Las reformas republicanas afectaron a los intereses de un amplio sector de la población perteneciente a la Iglesia, el ejército, la patronal y al latifundismo. Para enfrentarse a la República estos sectores procedieron, bien con la reorganización de la derecha monárquica, bien impulsando organizaciones de carácter autoritario. Asimismo la clase obrera, descontenta con la suavidad de las reformas emprendidas y afectada por el paro y las duras condiciones de trabajo y vida en general, protagonizaron una fuerte oleada de insurrecciones violentas.
5.1.2.1. LA REORGANIZACIÓN DE LAS DERECHAS
Las tendencias monárquicas fueron derivando hacia posiciones anti-democráticas. Destacan partidos como: Acción Española, una fuerza monárquica, católica y tradicional, con líderes como José María Pemán o Ramiro de Maeztu; Renovación Española, liderado por José Calvo Sotelo, partido alfonsino fundado en 1933 que defendía la necesidad de un golpe de estado; los carlistas por su parte se unieron en la Comunión Tradicionalista, que se asociaría con Renovación Española con el objeto de agrupar las fuerzas monárquicas.
En 1931 surgieron pequeños grupos de corte fascista, como las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), que más tarde se uniría a Falange Española, partido fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, que impulsó la formación de grupos paramilitares para enfrentarse con las fuerzas de izquierda.
En 1932 se creó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de carácter autoritario, dirigida por José María Gil Robles.
Del ámbito militar surgió en 1933 se fundó la UME (Unión Militar Española), de carácter derechista y anti-reformista, que tendría una gran importancia en el golpe de 1936.
En agosto de 1932 se hubo una intentona de Golpe de Estado en Sevilla protagonizada por el general Sanjurjo (la Sanjurjada) que terminó en fracaso.
5.1.2.2. OBRERISMO Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL
El cenetismo, con más de un millón de afiliados hacia 1936, se dividió a partir de 1931:
Por un lado estaban los moderados, llamados Treintistas, encabezados por personas como Ángel Pestaña o Juan Peiró, que prestaban un cierto apoyo a la República. Este sector defendía la revolución social, aunque consideraban necesario pasar por una fase preparatoria previa.
Por otro lado estaban los más radicales, organizados a través de la FAI y liderados por personas como Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y Francisco Ascaso. Durante el período republicano fomentaron las huelgas, la insurrección campesina y la creación de comunas libertarias.
La Federación de Trabajadores de la Tierra, sindicato del campo asociado a la UGT, con más de 450.000 afiliados, también se radicalizó.
Fueron constantes las revueltas, normalmente consistentes en la toma del ayuntamiento del pueblo, la quema del registro de la propiedad, las colectivizaciones y la declaración del comunismo libertario. Solían terminar con la llegada de las fuerzas del orden y la represión de la insurrección, que podía generar muertos (sucesos de Casas Viejas, Cádiz, donde fueron asesinadas doce personas).
Los socialistas cada vez se separaban más de la República y alentaban el levantamiento campesino (destaca en este sentido la revuelta campesina de Castilblanco en Extremadura). La coalición gubernamental republicano-socialista sufrió un fuerte desgaste, al tiempo que perdía la confianza de la sociedad ante las medidas empleadas para controlar el orden público. Azaña dimitió, disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de1933.
5.2. Segunda Fase: El bienio conservador (1933-1936)
Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a los partidos de centro-derecha. El nuevo ejecutivo procedió con el desmantelamiento de la obra reformista del anterior gobierno. Las principales fuerzas políticas fueron el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA de Gil Robles.
5.2.1. La paralización de las reformas
El nuevo gobierno dirigido por Lerroux procedió con la paralización de las reformas. En el campo se fijó la devolución de tierras a la nobleza y se dio total libertad de contratación, lo que provocó la caída de los jornales. El campesinado, respondió con la huelga.
La reforma religiosa también fue frenada. Se estableció un presupuesto para el culto y el clero y se intentó firmar un Concordato con la Santa Sede.
Se concedió la amnistía a los sublevados en el golpe de Sanjurjo y a los colaboradores de la dictadura de Primo. La reforma militar sin embargo siguió adelante, al igual que la reforma de la educación, aunque eso sí, conociendo un recorte en el presupuesto disponible.
Ante este giro hacia el conservadurismo, la CNT y la UGT respondieron radicalizando sus posturas. Francisco Largo Caballero, líder del sector socialista más radical, propuso la ruptura con la República y con las fuerzas burguesas e iniciar la revolución. Por su parte, Indalecio Prieto, representante del socialismo moderado, defendía la colaboración con los republicanos de izquierda para tratar de estabilizar la República y acometer las necesarias reformas.
5.2.2. La Revolución de octubre de 1934
Ante el aumento de los conflictos Lerroux accedió a las peticiones de la CEDA, entregando a este partido tres ministerios. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades del país impulsadas por la UGT. El gobierno respondió declarando el Estado de Guerra. En Asturias los mineros protagonizaron una revolución social, colaborando anarquistas, socialistas y comunistas. Éstos ocuparon gran número de cuarteles de la guardia civil y ayuntamientos, que pasaron a ser dirigidos por Comités revolucionarios. La revolución terminó siendo aplastada por las tropas de la Legión y los Regulares traídos desde Marruecos y dirigidas por los generales Godet y Franco. Se calcula que pudieron morir unos 1.000 mineros (fueron numerosas las ejecuciones sumarias) y unos 450 militares y guardias civiles. Los heridos suben de los 2.000 y los detenidos fueron más de 5.000. La revolución de Asturias de 1934 fue un preludio de la guerra que se iniciará dos años más tarde.
En Cataluña el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el 6 de octubre de 1934 la República Catalana dentro de la República Federal Española. Al mismo tiempo una alianza obrera, que no contaba con el apoyo de la CNT, la fuerza obrera más importante en Cataluña, inició la huelga general. El movimiento, que contaba con escaso apoyo social, tardó poco tiempo en fracasar. Se encargó de su represión el general Batet. Hubo más de 3.500 detenidos, entre ellos los miembros del gobierno de la Generalitat y el pleno del Ayuntamiento.
5.2.3. La crisis del segundo bienio (El Bienio Negro)
Con la revolución de octubre de 1934 el poder de la CEDA, partidaria de una política más dura, aumentó. Algunas de las medidas adoptadas fueron:
- Suspensión del Estatuto de Cataluña.
- Devolución de las propiedades a los jesuitas.
- Nombramiento de Gil Robles como ministro de la Guerra.
- Nombramiento de Franco como jefe del Estado Mayor.
La CEDA presentó en julio de 1935 un anteproyecto para la reforma de la Constitución, con el que se pretendía restringir la formación de regiones autónomas, abolir el divorcio e impedir la socialización de la propiedad. El proyecto no llegó a votarse debido a la caída del gobierno. En octubre de 1935 el gobierno de entró en crisis. Los republicanos radicales de Lerroux sufrieron un fuerte desprestigio como consecuencia de varios escándalos políticos y de corrupción (malversación de fondos y el caso del Estraperlo) que provocaron el hundimiento de la coalición gubernamental radical-cedista. Gil Robles trató de ser nombrado presidente del gobierno para poder llevar a cabo su programa político. Sin embargo el presidente de la república Alcalá Zamora decidió negarse y convocar elecciones para febrero de 1936.
5.2.4. Las elecciones de 1936
En las elecciones de febrero de 1936 se enfrentaron dos bloques:
- Por una parte una coalición de izquierdas (republicanos, socialistas y comunistas) agrupada en torno al Frente Popular, que pretende amnistiar a los represaliados políticos y poner en funcionamiento la legislación reformista suspendida durante el bienio anterior.
- Por otra parte los partidos de derecha se aglutinaron en torno al Bloque Nacional, aunque no pudieron llegar a crear una candidatura única para toda España ni redactar un programa político consensuado.
5.3. Tercera Fase: el triunfo del Frente Popular
5.3.1 El Frente Popular
Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular. Las nuevas Cortes salidas de las elecciones destituyeron a Alcalá Zamora como presidente de la República y nombraron en su lugar a Manuel Azaña (republicano de izquierda). Casares Quiroga (republicano galleguista) fue elegido presidente de un gobierno formado casi por exclusiva por republicanos, aunque con el apoyo parlamentario de los socialistas.
Se procedió con la concesión de la amnistía a unos 30.000 presos políticos y se forzó a los patrones a readmitir a los obreros despedidos como consecuencia de las huelgas de 1934. Asimismo se permitió el restablecimiento del gobierno de la Generalitat y se iniciaron las negociaciones para la aprobación de un Estatuto para el País Vasco y otro para Cataluña.
Las reformas iniciadas en 1931 fueron reemprendidas. Para evitar un posible golpe de Estado el gobierno decidió enviar a los generales que menos confianza ofrecían al régimen a lugares periféricos: Franco a Canarias; Mola a Navarra; Sanjurjo por su parte se encontraba exiliado en Portugal desde su fracasado golpe de estado de Sevilla de 1932.
Los propietarios agrícolas se opusieron a las reformas, muchos industriales decidieron cerrar sus fábricas y la Iglesia católica, temerosa de nuevos brotes anticlericales y de un nuevo recorte de sus derechos en España, se opuso a la República de manera generalizada.
Una parte de la izquierda (los anarquistas y los socialistas encabezados por Largo Caballero) eufórica por su triunfo electoral, empezó a propugnar la necesidad de iniciar la revolución. En la derecha, la Falange organizó grupos paramilitares que protagonizaron fuertes acciones violentas. Se creó así un clima de violencia generalizada con enfrentamientos constantes entre la izquierda y la derecha. Ante el aumento de la violencia una parte importante de la derecha adoptó una posición favorable a un golpe de Estado.
5.3.2. La preparación del golpe de Estado
El golpe de Estado venía gestándose desde hacía tiempo. De hecho, ya en abril de 1936 hubo un primer intento de golpe que fracasó debido a la falta de organización. El mando de la conspiración pasó al general Mola, llamado el Director, que comenzó a preparar minuciosamente el golpe. Para organizar la sublevación militar no tuvo demasiadas dificultades, ya que contaba con el apoyo de una parte importante del generalato; sin embargo sí encontró algunas dificultades a la hora de organizar el apoyo civil, ya que cada sector de la derecha aspiraba a un modelo de gobierno distinto después de ejecutado el golpe. El general Mola, director de la conspiración, pretendía crear una Dictadura Republicana de carácter militar, con el objeto de eliminar los gérmenes de la revolución para después regresar a la legalidad, aunque no tenía claro si se volvería a la República o la Monarquía. Las posturas de los distintos apoyos al golpe eran muy diversas: la CEDA defendía la restauración de la monarquía Alfonsina; fascistas y falangistas aspiraban a la construcción de un régimen semejante al de la Italia de Mussolini. Los carlistas también defendían una Monarquía Tradicional.
La jefatura suprema del golpe se reservó al general Sanjurjo, militar muy respetado dentro del estamento militar que se encontraba exiliado en Portugal como consecuencia de su frustrado golpe de 1932 en Sevilla. El plan consistía en conseguir que el máximo número cuarteles se pronunciaran simultáneamente por toda España, considerándose claves para el triunfo los de Madrid y Barcelona, así como el ejército africano, el mejor preparado de todos en la guerra, cuyo mando se reservaba al general Franco.
Las distintas fuerzas derechistas fueron creando una red de enlaces y apoyos militares y civiles que se extendía fuera de España, a Italia y Alemania.
El golpe se precipitó debido al encadenamiento de una serie de acontecimientos. El 12 de julio de 1936 el teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, de tendencias izquierdistas, fue asesinado. El 14 del mismo mes, y como represalia, algunos de sus compañeros secuestraron y asesinaron al líder del Bloque nacional, José Calvo Sotelo. El día 17 de julio las tropas de Marruecos se sublevaron. Al día siguiente hicieron lo mismo numerosos cuarteles españoles, sin embargo el alzamiento no logró imponerse en las dos ciudades más importantes, es decir, en Madrid y Barcelona, quedando España dividida en dos zonas de prácticamente el mismo tamaño. Esto desembocó en una guerra civil que duraría tres largos años.
Profesor Antonio Martín Martín
Muy buenos apuntes, lo único que veo es que yo he dado cuatro etapas y ahí sólo hay tres.
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