miércoles, 8 de diciembre de 2010

Tema 3. Revolución Liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal



1. INTRODUCCIÓN

El reinado de Isabel II es un período muy complejo en el que se produjeron importantes transformaciones en el ámbito político, social y económico. 


El Antiguo Régimen fue definitivamente desmantelado, permitiendo el desarrollo de un estado burgués parlamentario, dirigido por una nueva clase social, la burguesía agraria, fruto de la alianza entre la antigua aristocracia y la burguesía.

Se pusieron las bases del sistema económico capitalista moderno y se produjo el paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Fue en esta época cuando surgió el movimiento obrero, que aunque lento al principio, terminaría irrumpiendo con fuerza a finales del reinado de Isabel II.


El período estuvo salpicado por guerras civiles, las guerras carlistas, y por varios pronunciamientos militares. 


2. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1839)

Dos días después de la muerte de Fernando VII, el hermano del difunto, Carlos María Isidro de Borbón, se autoproclamó rey de España. Inmediatamente surgieron por distintas partes del territorio español partidas carlistas. La regente María Cristina buscó el apoyo de los liberales para garantizar el trono a su hija Isabel, de sólo tres años de edad.

Se inició de este modo una guerra civil que no debe ser entendida como una simple guerra dinástica, sino como una guerra de fuerte contenido ideológico, político y de clase. En el bando carlista estaban los absolutistas más intransigentes: encontramos a una parte importante de la nobleza; a los sectores más ultraconservadores de la administración y del ejército; a la mayoría del bajo clero; así como una parte importante del campesinado y de los sectores artesanales, que temían que las novedades terminaran por hundir sus talleres.

El bando cristino, el que se formó en torno a la regente María Cristina y su hija Isabel, obtuvo el respaldo de los sectores liberales reformistas, que vieron en la defensa de esta causa la oportunidad perfecta para ganar la influencia que les permitiera emprender las reformas necesarias para transformar el país. Aquí encontramos también otra parte importante de los generales y del ejército, así como las clases medias urbanas, los intelectuales, los obreros industriales y el campesinado del sur peninsular.

El gobierno de María Cristina fue reconocido internacionalmente desde el principio y contó con el apoyo diplomático y militar de Inglaterra, Portugal y Francia (La Cuádruple Alianza). La guerra comenzó siendo favorable para los carlistas, que derrotaron repetidamente a las tropas cristinas. Las expediciones hacia el sur terminaron fracasando porque no consiguieron el apoyo de la población y el asalto para tomar Madrid en 1837 terminó fracasando igualmente.
Además, en 1835 murió en el asalto de Bilbao Zumalacárregui, el mejor estratega carlista.

Los carlistas pasaron a la defensiva y, ante el agotamiento, el general carlista Maroto se vio obligado a iniciar negociaciones de paz con el general Espartero. La paz llegó finalmente en agosto de 1839, con el llamado abrazo de Vergara, aunque un núcleo de carlistas, dirigido por el general Cabrera, resistió casi un año más.

Para conseguir la rendición de los carlistas se impusieron una serie de condiciones, como el reconocimiento de los grados alcanzados por los vencidos y el compromiso de mantener los fueros.

La guerra generó miles de muertos, tanto militares como civiles, y provocó una gran destrucción material y económica, especialmente en el norte, donde el espíritu carlista se mantuvo arraigado durante generaciones. 


3. LA IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO DURANTE LAS REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA (1833-1840) Y DE ESPARTERO (1841-1843)

3.1. Primer período moderado (1833-1835)

En el parlamento se podían distinguir dos tendencias políticas entre los liberales: por un lado estaban los moderados (doceañistas), que respaldaban la actuación del gobierno y se oponían a cambios radicales; por otro lado estaban los progresistas (exaltados), que aspiraban a mayores reformas y a la reposición de la Constitución de 1812 frente al Estatuto Real de 1834.

Al estallar la guerra, y ante la necesidad de recabar apoyos para su causa y la de su hija, María Cristina llamó al liberal moderado Martínez de la Rosa para formar gobierno. Éste la convenció de la necesidad de propiciar el aperturismo del régimen. De este modo se amplió la amnistía, lo que permitió la vuelta del exilio de muchos liberales, y se decretó la libertad de prensa, aunque limitada. Por otra parte se restauró la Milicia Nacional, lo cual permitió conseguir un gran número de voluntarios para la guerra.

Fruto de este espíritu aperturista fue el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que regulaba la convocatoria de unas Cortes de carácter extremadamente conservador y elitista, tanto por su composición (nobleza, clero, funcionarios, altos cargos del ejército y alta burguesía) como por el modo de elección, mediante sufragio censitario indirecto. Además, otorgaba a la Corona una amplia capacidad legislativa y de veto, pudiendo incluso disolver libremente las Cortes.

El gobierno, en manos de los liberales moderados, no fue capaz de dirigir correctamente la difícil situación de guerra. La falta de recursos económicos, los errores tácticos y las victorias carlistas hicieron crecer el descontento frente al gobierno, al tiempo que crecía el apoyo a los liberales progresistas.

3.2. Los progresistas en el poder (1835-1837)

En el verano de 1835 se iniciaron una serie de revueltas urbanas por todo el país, produciéndose episodios de anticlericalismo, con el asalto y la quema de conventos, al tiempo que surgían en distintas ciudades Juntas revolucionarias que redactaron proclamas en las que reclamaban básicamente:

  • Reunión de Cortes
  • Libertad de prensa
  • Nueva Ley electoral
  • Extinción del clero regular
  • Reorganización de la Milicia Nacional
  • Reclutamiento para hacer frente a los carlistas

María Cristina se vio obligada a nombrar a un liberal progresista como jefe de Gobierno, a Juan Álvarez de Mendizábal. Éste comenzó a desarrollar y aplicar una legislación de corte progresista encaminada a desmantelar el sistema legal en que se asentaba el Antiguo Régimen. Entre sus principales medidas destacan:

  • Contribuciones extraordinarias para encarar la guerra
  • Ley de libertad de prensa
  • Decreto de desamortización de los bienes del clero regular
Pero esta política, excesivamente radical, provocó la reacción de los moderados, especialmente cuando sacó adelante su proyecto desamortizador. María Cristina forzó entonces, en 1836, la dimisión de Mendizábal. A continuación la regente trató de detener las reformas puestas en marcha, lo cual provocó una nueva insurrección progresista en verano de 1936. María Cristina, con la Guardia Real del palacio de la Granja sublevada, se vio obligada a restablecer la Constitución de 1812 y a devolver el gobierno a los progresistas.

El nuevo gobierno progresista, dirigido por José María de Calatrava, reemprendió la labor de demolición del Antiguo Régimen:
  • Supresión el régimen señorial, las vinculaciones y el mayorazgo: al suprimirse el Antiguo Régimen los antiguos señores pierden sus derechos jurisdiccionales, y con la eliminación de las vinculaciones y del mayorazgo, se convierten en propietarios absolutos de sus bienes, siendo libres para venderlos en el mercado
  • Eliminación del diezmo
  • Implantación de una ley municipal que permite a los municipios elegir a sus alcaldes mediante sufragio
  • Sustitución de los jefes del ejército. El general Espartero es colocado al frente para dirigir la guerra
Las nuevas Cortes elaboraron una nueva Constitución, la de 1837, con la que se pretendía contentar tanto a liberales progresistas como a los moderados. Por un lado proclamaba la Soberanía Nacional y concedía derechos individuales, pero, por otro lado, mantenía un poder ejecutivo fuerte en manos del rey, que también tenía competencias legislativas y derecho a veto y suspensión de las Cortes; establecía unas Cortes bicamerales, con un Congreso elegido mediante sufragio censitario y un Senado de designación real.

3.3. Los moderados vuelven al gobierno (1837-1840)

Aprobada la Constitución, se convocaron unas elecciones que dieron el poder a los moderados, que se mantendrían en el gobierno hasta 1840. Durante esta etapa desvirtuaron parcialmente los elementos más progresistas de la nueva legislación, aunque sin salirse del marco constitucional. Finalmente, en 1840, trataron de modificar la ley municipal que permitía a los municipios elegir a sus alcaldes. Los sectores progresistas se opusieron frontalmente a tales pretensiones, protagonizando un movimiento insurreccional que desembocó en la formación de Juntas Revolucionarias en numerosas ciudades españolas. Esto provocó la dimisión de María Cristina y su huída de España. Entonces los progresistas dieron su apoyo al general Espartero, el gran vencedor de la Guerra Carlista, que se convirtió en nuevo regente.

3.4. La regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero se convirtió en nuevo regente. Una vez en el poder procedió con la disolución de las Juntas revolucionarias y convocó nuevas elecciones que dieron el poder a los progresistas.

Gobernó de un modo muy autoritario, sin cooperar con las cortes y reprimiendo las protestas tanto de moderados como de progresistas. Esto le hizo perder gran parte de sus apoyos.


En 1841 aprobó un arancel con el que se abría el mercado español a los productos textiles ingleses. Esto provocó una fuerte protesta de los trabajadores del sector textil catalán, pues veían sus intereses seriamente amenazados. Espartero procedió con una durísima represión contra los manifestantes, llegando incluso a bombardear la ciudad de Barcelona. Este episodio terminó por hundir el prestigio de Espartero.

Tras la represión de Barcelona, Espartero clausuró el Congreso y convocó elecciones para el mes de marzo. Inmediatamente después de conformarse el nuevo Congreso la crisis política se acentuó, al retirar esta cámara la confianza al gobierno. Esto hizo estallar revueltas generalizadas por todo el territorio español, siendo Andalucía y Cataluña los dos focos más activos. Los generales Prim, Serrano y Narváez lideraron la sublevación militar. Después de algunos choques de ejércitos, Narváez entró en Madrid. Espartero, que entonces se encontraba en Sevilla, se dirigió a Cádiz, donde embarcó hacia Inglaterra.  

Sevilla, entre otras ciudades, fue bombardeada por Espartero antes de su huida. Lo daños se concentraron en la zona de la Puerta de Carmona.


4. EL REINADO EFECTIVO DE ISABEL II (1843-1868)

Después de que la acción coordinada entre moderados y progresistas lograra expulsar del gobierno a Espartero, se creó un nuevo gobierno dirigido por el progresista Joaquín María López. Este creyó oportuno nombrar a Isabel II mayor de edad, para terminar de este modo con la inestabilidad política asociada a las regencias. Las Cortes reconocieron la mayoría de edad de la joven, a pesar de tener sólo trece años y de que el artículo 56 de la Constitución de 1837 estableciera que El Rey es menor de edad hasta cumplir catorce años.

Después de esto, López dimitió, siendo sustituido por Salustiano Olózaga, que se encargó de poner en marcha una reforma profundamente progresista. Los moderados, que eran mayoría en el Congreso, se opusieron y le retiraron la confianza, forzando de este modo su salida del gobierno y su marcha a Inglaterra.

A partir de estos momentos se inició un período de predominio moderado al que la historiografía ha denominado tradicionalmente La Década Moderada (1844-1854).

4.1. Características generales del período 

Durante los veinticinco años que duró el reinado de Isabel II el panorama político fue muy convulso, aunque podemos distinguir una serie de características propias de todo este período:

Por un lado fue un período de tendencia liberal muy conservador, articulado en torno a la Constitución de 1845, que concedía el voto a una limitada clase de ricos propietarios, antiguos aristócratas y burgueses, marginando de la política a la inmensa mayoría de los españoles, es decir, a campesinado, obreros industriales y trabajadores urbanos. Los gobiernos actuaron de forma muy autoritaria, amparados por una monarquía muy fuerte. Asimismo las libertades individuales y colectivas estuvieron muy restringidas.

Por otra parte hay que destacar del período las continuas intromisiones de la reina Isabel II en la vida política, apoyando firmemente a los sectores más conservadores y obstaculizando el camino a los progresistas.

Otra característica es la continua intervención de los generales en el Gobierno. Los opositores progresistas, al ver coartadas sus posibilidades de acceder al gobierno, recurrieron frecuentemente a los militares y a los pronunciamientos. Los conservadores también mantuvieron la presencia militar al frente de los gobiernos para tratar de garantizar su posición, tanto frente a los carlistas como frente a los liberales revolucionarios.

Los movimientos de protesta contra el régimen fueron continuamente aplastados: las huelgas eran reprimidas con gran dureza, las asociaciones estaban prohibidas y sus dirigentes fueron perseguidos.

Hasta 1854 sólo tuvieron representación parlamentaria los liberales moderados y los progresistas. A partir de esa fecha aparecen nuevos partidos, como el Partido demócrata o la Unión Liberal. Fuera del sistema se mantuvieron en la clandestinidad los republicanos.

4.2. La Década Moderada (1844-1854) 


Tras la marcha de Salustiano Olózaga, González Bravo formó un nuevo gobierno que abrió el camino a la consolidación del moderantismo. Gobernó de modo autoritario. Entre las principales medidas que adoptó cabe destacar: la disolución de la Milicia Nacional; hizo aumentar la rigidez de la censura sobre la prensa; conformó una comisión para reformar el sistema tributario presidida por Javier de Burgos; creó un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Civil, a través del Real decreto de 28 de marzo de 1844.

En mayo de 1844 Narváez asumió la presidencia del gobierno. Desde entonces y hasta 1854 Narváez fue el principal protagonista del panorama político. A pesar de la apariencia de estabilidad que pueda derivarse del monopolio del poder ejercido por los moderados durante este periodo, fue una etapa llena de convulsiones y conflictos políticos en la que se sucedieron hasta doce gobiernos con distintos presidentes.

Se promulgaron numerosas leyes que desarrollaron la Constitución de 1845, reafirmándose el carácter oligárquico del régimen: Ley electoral, Ley de Imprenta, etc.

El liberalismo moderado emprendió la terea de construir una estructura de Estado liberal en España bajo los principios del centralismo y la uniformización.

Se emprendió una reforma fiscal y de la Hacienda a partir de 1845 con el objetivo de racionalizar el sistema impositivo y recaudatorio. Se procedió con la unificación y la codificación del sistema legal, aprobándose el Código Civil en 1851. Para controlar los poderes municipales se aprobó la Ley de Administración local en 1845, disponiéndose que los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes y de las capitales de provincia serían nombrados directamente por la Corona.

Sólo el País Vasco y Navarra conservaron sus antiguos derechos forales, por el temor de un rebrote del carlismo.

Se restablecieron las relaciones con la Iglesia, rotas durante la Guerra Carlista y la Revolución, frenándose el proceso desamortizador y devolviéndose al clero regular las tierras que todavía no habían sido vendidas. Tras largas negociaciones el gobierno firmó con Roma el Concordato de 1851, mediante el cual el Papa reconocía a Isabel II como reina legítima de España, al tiempo que reconocía y aceptaba la pérdida de los bienes ya vendidos. A cambio, el Estado se comprometía a financiar la Iglesia en España y a entregarle el control de la enseñanza y la censura.
La segunda guerra carlista estalló entre 1846 y 1849, debido al fracaso del matrimonio entre Isabel II y Carlos luís de Borbón y de Braganza, el hijo primogénito de Carlos María Isidro de Borbón. Este conflicto estuvo muy focalizado en la zona catalana y se desarrolló a través de guerrillas.

A partir de 1849 el clima político español se fue deteriorando, como consecuencia del autoritarismo del gobierno. Bravo Murillo, presidente del gobierno entre 1851 y 1852, trató de iniciar una reforma constitucional para transformar el estado en una dictadura tecnocrática que le permitiera gobernar por decreto marginando a las Cortes. Su estrategia política fracasó, quedándose completamente solo. La reina le pidió su dimisión. Después de Bravo Murillo los moderados siguieron en el poder, aunque los gobiernos que se conformaron siguieron aplicando una política autoritaria, y sin apoyos suficientes, ni siquiera dentro del propio partido moderado, que empezaba a descomponerse, no consiguieron mantenerse durante mucho tiempo, desembocando en un estallido revolucionario que se inició el 28 de junio de 1854 con el pronunciamiento del general Domingo Dulce en el Campo de Guardias. El general O'Donnell (
fundador de La Unión Liberal, partido con el que pretendía cubrir el espacio político existente entre moderados y progresistas) se unió a este levantamiento militar, produciéndose el día 30 de junio un enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y las sublevadas en Vicálvaro, Madrid.

4.3. La Constitución de 1845

El general Narváez, protagonista de los diez primeros años de reinado efectivo de Isabel II, fue el inspirador de la Constitución de 1845, que estuvo en vigor en España hasta 1869. Se trataba ésta de una constitución, como ya hemos comentado, de tendencia muy conservadora. Citemos algunas de sus principales características:

  • Incluía una declaración de derechos, aunque podían ser limitados mediante un desarrollo legislativo posterior. De hecho fueron sistemáticamente limitados mediante leyes ordinarias posteriores.
  • Se declara la exclusividad de la religión católica y se obliga al estado a mantener a la Iglesia.
  • Se suprime la Milicia Nacional.
  • Se establece el principio de Soberanía Compartida, con un legislativo en manos de las Cortes y el Rey. Las Cortes se componían de dos cuerpos, el Senado y el Congreso de los diputados. El Senado estaba compuesto por miembros vitalicios elegidos directamente por el rey entre las élites de la nobleza, el clero, el ejército y la administración. Los miembros del Congreso de los Diputados eran elegidos mediante sufragio directo. La reina se reservaba la posibilidad de poder disolver esta cámara a voluntad, sin otro límite que convocar elecciones para la formación de una nueva cámara.
  • El rey podía nombrar alcaldes en determinados pueblos, así como a los presidentes de las diputaciones provinciales.

4.4. El Bienio Progresista (1854-1856)

El autoritarismo del gobierno moderado impulsó el levantamiento de progresistas, del recién fundado Partido Demócrata (fue fundado en 1849) y de algunos sectores del propio moderantismo, defraudados con la actuación gubernamental.


Después de la Vicalvarada del día 30 de junio de 1854, los sublevados redactaron el llamado Manifiesto de Manzanares, en el que solicitaban:
  • Respeto a la Constitución de 1845
  • Reforma de la Ley Electoral
  • Reducción de los Impuestos
El alzamiento contó con el respaldo popular y con el de diversos jefes militares de distintas ciudades españolas. Isabel II se vio entonces forzada a quitar el poder a los moderados y entregárselo nuevamente al general Espartero, quedando O’Donnell como ministro de la Guerra.

Se convocaron unas elecciones que fueron ganadas por los unionistas de O’Donnell y por los progresistas, partidos que gobernarían conjuntamente durante estos dos años.


Las Cortes salientes elaboraron una nueva Constitución, la de 1856, que ofrecía una declaración de derechos más detallada que la de 1845 e incluía límites al poder de la corona y del ejecutivo. Sin embargo esta constitución no tuvo tiempo para poder entrar en vigor, de ahí que sea conocida como la nonata.

Los gobiernos de esta época desarrollaron una legislación encaminada a sentar las bases para la modernización económica del país. Entre las leyes que promovieron cabe destacar:
  • Nueva Ley de Desamortización, conocida como la desamortización de Madoz de 1855.
  • Ley de ferrocarriles (1855)
  • Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856)
A pesar de las reformas, el bienio transcurrió en un clima constante de conflictividad social, acentuado por la epidemia de cólera de 1854, las malas cosechas, el alza de los precios y los enfrentamientos entre patronos y trabajadores. Las clases populares, defraudadas debido al incumplimiento de las promesas hechas en 1854, retiraron el apoyo a los progresistas. En julio de 1856 Espartero presentó su dimisión y la reina encargó a O’Donnell formar un nuevo gobierno.

4.5. La crisis del moderantismo (1856-1868)

Esta etapa estuvo controlada por la Unión Liberal de O’Donnell. Éste se encargó de restaurar el régimen que dos años antes había ayudado a derribar, restableciendo los principios del moderantismo.

La Constitución de 1845 fue repuesta, al tiempo que se frenaba la legislación más progresista del bienio anterior, interrumpiendo el proceso desamortizador y anulando la libertad de imprenta.

Con la intención de desviar la atención de los españoles de los problemas internos y para fomentar la creación de una conciencia nacional y patriótica, se puso en marcha una activa política exterior. Se desarrollaron acciones militares en Indochina, México, Perú y Chile, aunque la más importante fue la de Marruecos, que respondió al intento de expansión colonial por el norte de África. Ninguna de estas acciones militares tuvo repercusiones, se trató de una política de prestigio, de alarde militar, que para nada influyó en las relaciones de equilibrio internacionales.


En 1863 el gobierno de los unionistas no podía hacer frente a la oposición política de progresistas, demócratas y republicanos. O’Donnell, incapaz de conducir la situación, presentó la dimisión. Entre 1863 y 1868 se suceden gobiernos inestables y autoritarios, presididos alternativamente por Narváez y O’Donnell.

En 1864 se inició una fuerte crisis económica en España: comenzó con la quiebra de las compañías ferroviarias, debido a la escasa rentabilidad; continuó con el hundimiento del sector textil, como consecuencia de la falta de algodón que provocó la Guerra de Secesión estadounidense; a esto hay que añadir el crack de las Bolsas europeas de 1866; finalmente las malas cosechas, la subida de los precios de los productos agrarios y la expansión del hambre contribuyeron a crear el ambiente idóneo para el estallido de una nueva revolución.

En estos últimos años se produjeron una serie de acontecimientos políticos muy graves, entre los que cabe destacar la represión estudiantil de 1865, en la que la policía asesinó a nueve estudiantes, o la sublevación del cuartel de San Gil de ese mismo año, ante la cual el gobierno reaccionó enérgicamente, provocando sesenta muertos y cientos de heridos, más sesenta y seis oficiales y suboficiales que fueron fusilados.

A partir de 1866 amplios sectores de la sociedad coincidieron en la necesidad de dar un giro a la situación, aunque esta vez no podía consistir en un mero cambio de gobierno, sino que implicaba la caída de la monarquía isabelina. Con el objetivo de destronar a la reina y convocar Cortes Constituyentes mediante sufragio universal, progresistas, demócratas y republicanos firmaron en agosto de 1866 un acuerdo conocido como el Pacto de Ostende.

La muerte de O’Donnell y de Narváez en 1867 y 1868 respectivamente, terminó por dejar completamente sola a Isabel II. Incluso muchos unionistas se sumaron entonces al Pacto de Ostende.

La revolución que destronó a Isabel II estalló en Cádiz, donde el 19 de septiembre, la escuadra allí concentrada al mando del brigadier Topete, se sublevó al grito de Viva España con honra. Inmediatamente se constituyeron en numerosas ciudades españolas Juntas revolucionarias que organizaron la revolución y buscaron el apoyo popular.


Profesor Antonio Martín Martín
Última revisión 27 de septiembre de 2012 

1 comentario:

  1. Muchas gracias por subirlos, me has salvado la selectividad :)

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